Todos los partidos políticos, salvo Vox, han apoyado de manera unánime en el Parlament balear la validación del decreto ley del Govern para poner fin al turismo de excesos y borracheras en tres zonas turísticas de las Islas Baleares, y el balconing en todos los hoteles del archipiélago.
En concreto, este decreto ley prohíbe en las zonas de la Playa de Palma y Magaluf en Mallorca y el West End de Sant Antoni de Ibiza el llamado turismo de borrachera y excesos y contempla la expulsión de cualquier hotel de las islas de los turistas que practiquen el balconing, que se enfrentan al pago de multas de hasta 60.000 euros.
Los partidos del Govern balear presidido por la socialista Francina Armengol (PSIB, MÉS, Unidas Podemos y Gent per Formentera) han logrado el apoyo de casi toda la oposición (PP, Cs y El Pi).
Los tres diputados Vox (el Parlament tiene 59) han sido los únicos que han votado en contra del decreto de excesos. Su portavoz parlamentario, Jorge Campos, ha sostenido que su partido comparte el objetivo de poner fin al turismo incívico, pero se trata de una ley “discriminatoria” que solo afecta a determinas zonas.
Además, ha augurado, supondrá el cierre de hoteles, restaurantes y bares en esos puntos turísticos, donde se perderá el 10 % de los empleos. “Ésta no es la forma de hacerlo, ésta es la forma de perjudicar al sector turístico de las Islas Baleares”, ha aseverado.
La norma prohíbe en estas tres zonas la publicidad referida al consumo de alcohol y las barras libres, las excursiones etílicas (el llamado “pubcrawling”), las “happy hours”, los “2×1” ó “3×1”, los autodispensadores de alcohol, así como la venta de bebidas alcohólicas en tiendas entre las 21.30 y las 8.00 horas.
Los turistas que practiquen o permitan el “balconing” -saltar de un balcón a otro o lanzarse desde la terraza a la piscina- en cualquier hotel de Baleares podrán ser expulsados “inmediatamente” del establecimiento en cuestión y se enfrentarán a multas de entre 6.001 a 60.000 euros. El hotel tiene la obligación de que no continúen alojados. Además, la ley limita las denominadas “party boats”.
Con ocasión del debate, el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha defendido que esta normativa era “necesaria, pionera y es una apuesta por la calidad”, y ha desechado las “imágenes” que se emiten cada verano de algunos destinos de Baleares de borracheras, peleas, abusos, precipitados y destrucción del mobiliario urbano.
El objetivo, ha aclarado, no es recaudar dinero a través de las multas que se impondrán, sino poner fin a este tipo de conductas que hay que “erradicar” de manera inmediata.
Negueruela ha destacado el consenso y apoyo de los mercados turísticos internacionales a esta iniciativa y de los propios ciudadanos de Baleares. “No podemos permitir más conductas que suponen muertes y accidentes”, ha añadido.
Por su parte, la diputada del PP Salomé Cabrera ha mantenido que su grupo está en contra de los excesos, pero una normativa de estas características requiere un “consenso generalizado que no se ha producido”. A su parecer, es un decreto ley “incompleto”, por lo que ha pedido sin éxito, como el resto de la oposición, una tramitación a través de un proyecto de ley.
Desde Cs, su portavoz, Marc Pérez Ribas, ha dicho que “hay que plantar cara al turismo de excesos”, si bien el decreto ley crea en su opinión inseguridad jurídica y responde a una operación política de “márketing”, en vez de buscar un proyecto “consensuado útil” con el resto de formaciones.
Esta ley tiene una vigencia de 5 años, se aplicará este verano y respetará los contratos ya firmados entre turoperadores y hoteleros para evitar cualquier situación de inseguridad jurídica.
