El Ayuntamiento de Barcelona ha enviado una carta a los representantes del Estado y de la Generalitat de Cataluña en la Unión Europea (UE) para que colaboren con la reclamación de más protección para las ciudades frente al alquiler turístico ilegal.
La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, firma la carta enviada para transmitir la reclamación de las ciudades de “más contundencia” contra el alquiler turístico ilegal a la delegada del Gobierno de la Generalitat ante la UE, Meritxell Serret, y al embajador y representante de España ante la UE, Pablo Garcia-Berdoy.
Sanz señala en la misiva dirigida a las representaciones institucionales catalana y española que “las ciudades precisan de un marco legal europeo que ampare su capacidad de intervención sobre el mercado de la vivienda y que exija la cooperación de las plataformas de alquiler vacacional”, y apela la colaboración del embajador García-Berdoy y la delegada Serret para conseguir este objetivo.
Esta acción se suma a la realizada por Barcelona y nueve ciudades europeas más, que se han unido para reclamar medidas contra el alquiler turístico ilegal y han enviado este mes de junio un manifiesto conjunto reclamando a la UE que aplique medidas legales más contundentes para exigir responsabilidad a las plataformas de alquiler vacacional.
Barcelona se ha sumado con Ámsterdam, Berlín, Burdeos, Bruselas, Cracovia, Múnich, París, Valencia y Viena para exigir a las instituciones europeas “medidas contra el impacto del turismo ilegal en las ciudades” y para reivindicar “un marco legal europeo que dé herramientas a los municipios para intervenir sobre el mercado de la vivienda”.
Las diez ciudades firmantes son municipios que sufren los efectos de la turistificación y los problemas de acceso a la vivienda por parte de los residentes locales.
Por ello, han enviado este mes de junio un manifiesto conjunto expresando la preocupación por la reciente opinión publicada por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera que plataformas como Airbnb “simplemente proporcionan un servicio más de la sociedad de la información”, por lo que se les libera de la responsabilidad de cumplir las normativas relativas al alquiler turístico.
Los diez municipios firmantes reclaman un acuerdo con Europa que “refuerce las medidas que se puedan llevar a cabo desde los respectivos gobiernos nacionales”.
“Es hora de establecer nuevas disposiciones legales para lograr un crecimiento equilibrado en materia turística, al tiempo que garantizamos nuestro mercado de la vivienda y la calidad de vida de nuestras ciudades”, afirman en el manifiesto.
Las ciudades hacen hincapié en la escasez de vivienda y el hecho de que el mercado de alquiler turístico ofrezca una alternativa más rentable, lo que reduce la disponibilidad de vivienda para el alquiler residencial y encarece los precios.
Ante esta situación, las ciudades reclaman “compromisos legales firmes para que las plataformas cooperen con nosotros en programas de registro y en la entrega de datos de alquiler por cada vivienda que se anuncia en su servicio”.
